Penjo un article publicat per Héctor Maravall Gómez-Allende, que va ser Director General de l'INSERSO durant una etapa en la que penso que varen fer-se coses importants. És una de les poques valoracions que hi ha sobre el trentè aniversari de la Llei LISMI i em sembla interessant llegir-lo. Amb el seu permís aquí el teniu:
30 años después de la aprobación de la LISMI, lo primero que hay que decir es que en gran medida fue una Ley adelantada al grado de conciencia y sensibilización social existente en aquel momento tanto en la esfera pública como en la privada.
La LISMI fue fruto de la confluencia de unos parlamentarios
especialmente interesados con la problemática de las personas con discapacidad,
de la fuerte presión reivindicativa del movimiento asociativo y por último el
respaldo de técnicos y expertos que venían trabajando profesionalmente en este
ámbito.
La LISMI fue, además, uno de los primeros textos legales de
nuestra reciente democracia que incorporaba concepciones modernas y
progresistas en el ámbito de la política social, resaltando la importancia de
las políticas activas y de integración social, rompiendo amarras con posiciones
asistenciales y de beneficencia.
Cabe preguntarse si la LISMI fue en su momento una norma
voluntarista y por lo tanto con pocas posibilidades reales de ejecución en el
contexto realmente existente en España en 1982. En mi opinión las Leyes Sociales,
si bien deben promulgarse con los pies en el suelo y con vocación de ejecución
real, deben tener también un elemento de estímulo, de impulso, de ir por
delante, para en definitiva avanzar en la política social.
Así, y aunque la LISMI tiene aspectos incumplidos y otros
escasamente desarrollados, sin duda el nivel de protección e integración social
de las personas con discapacidad seria mucho menor en nuestro país, si esta ley
no se hubiera promulgado o lo hubiera hecho con objetivos y pretensiones más
reducidas. Por otra parte no podemos tampoco olvidar que la LISMI es una norma,
que si bien en algunos apartados se sitúa en el terreno de las definiciones
genéricas, en muchos otros es de una concreción muy precisa, con un nivel de
exigencia extremadamente alto.
En todo caso y a la vista de los años transcurridos, desde mi
punto de vista tres serían los aspectos claves de la LISMI que más complejidad
tienen y sobre los que puede tener interés reflexionar. En primer lugar, se trata de una norma claramente transversal
que abordaba la integración social de las personas con discapacidad desde
varios ámbitos, lo que exigía inevitablemente una acción coordinada de las
Administraciones públicas, tanto en el plano horizontal, como vertical. El
balance al respecto es bastante insuficiente. Cuestiones como las barreras
arquitectónicas, de la comunicación y del transporte, de la formación
profesional, de las políticas de empleo, de la prevención o de la
rehabilitación, exigían y exigen un trabajo de estrecha y sistemática
colaboración y cooperación, asignatura todavía pendiente en el sector publico
de nuestro país.
En segundo lugar, la LISMI tenia un planteamiento quizás
excesivamente ordenancista de la política de integración laboral de las
personas con discapacidad con un cierta abstracción de las duras reglas de
juego que la economía de mercado impone, por muchos que sean los intentos de la
Administración Publica por controlarlas o condicionarlas. Sobre todo en periodos de importantes niveles de desempleo,
depositar demasiadas esperanzas en medidas más o menos coercitivas de reserva
obligada de puestos de trabajo, puede ser un espejismo. No solo las reservas se
han revelado insuficientemente operativas en otros Estados Europeos mas
avanzados socialmente y mas desarrollados económicamente, es que además en
nuestro país, la llave real del empleo está en la pequeña y mediana
empresa, amplísimamente mayoritaria, que es la que precisamente o queda
excluida de la reserva de puestos de trabajo o sus obligaciones son más reducidas.
Tampoco las administraciones publicas pueden dar mucho ejemplo
al respecto y cualquier critica al empresario privado tiene el evidente flanco
de ese incumplimiento. Pero siendo rigurosos, parece evidente que la
integración laboral, aunque debe seguir contando con el instrumento legal de la
reserva de puestos de trabajo, se juega básicamente en el terreno de la
formación educativa y profesional y en la accesibilidad. Es cierto que la LISMI
creó las bases de la integración educativa, que después se recogieron en
reformas educativas generales, pero las limitaciones presupuestarias que
siempre han existido en la educación pública española han hecho difícil, lento
y todavía reducido el proceso de integración educativo y no digamos en el
ámbito universitario.
Si la formación es decisiva en un panorama de constantes
cambios en los procesos productivos, cuando además se sufre una escasa
receptividad en el mercado de trabajo por parte de los empleadores (privados y
públicos), o las personas con discapacidad tienen una adecuada formación o nos
quedaremos en el terreno del puro voluntarismo.
En el ámbito de la accesibilidad sin duda en estos 30 años
también ha habido notables avances, aunque desiguales según en qué materias
(transporte, comunicación, vivienda y edificios públicos) ámbitos (urbano y
rural) o entre las diversas CC.AA. Se ha facilitado la integración social y
laboral de las personas con discapacidad, aunque todavía tenemos retos
importantes que desarrollar.
Los impresionantes cambios tecnológicos en los últimos años,
igualmente han abierto expectativas importantes para la normalización de la
vida cotidiana, laboral y social de las personas con discapacidad, aunque esas
posibilidades no siempre están al alcance de todas las personas que las
necesitan y pueden estar generando ciudadanos de primera y de segunda según
sean sus posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías. Pero afrontar toda esa gama de iniciativas de política activa de integración
tiene importantes costes económicos que seria irresponsable obviar y que supone
el tercer núcleo de problemas relacionados con la LISMI. Si computáramos los
presupuestos destinados a la LISMI ( y a partir del año 1991 a las Pensiones No
Contributivas) por parte de la Administración Central desde 1986, veríamos
que han sido de una entidad no desdeñable, destinada sobre todo a prestaciones
económicas. Es evidente que la transferencia de esos recursos a las personas
con discapacidad y sus familias, han supuesto en muchos casos un alivio
económico imprescindible. ¿Pero ese importante esfuerzo presupuestario ha sido
el más rentable socialmente? ¿O hubiera sido más adecuado destinarlos a
políticas activas de integración?
Por ultimo quisiera subrayar que la LISMI inició el camino de
la igualdad de derechos, para un colectivo de ciudadanos, que suponen en torno
al 10% de la población, que estaban marginados y más aún, ocultos. La sucesiva
normativa estatal, autonómica y local que se ha promulgado en estos 30 años han
supuesto notables logros en materia de igualdad, aunque hay que hacer una
importante matización: las mujeres con discapacidad todavía sufren la doble
discriminación como mujeres y como personas con discapacidad, en el ámbito
educativo, laboral, social e incluso domestico en las relaciones familiares.
Pero la LISMI exigía y exige continuidad, incorporación de
nuevos aspectos, revisión o actualización de otros, etc. La transferencia de
competencias coloca la responsabilidad fundamental en el ámbito de las
Administraciones Autonómicas, mientras a la Administración General del Estado
le cabe impulsar algunas iniciativas generales sobre todo en el ámbito del
empleo y aprobar Planes estatales, inevitablemente poco exigentes y
vinculantes. Aunque también hay que tener presente que los avances conseguidos
en estos 30 años han reducido notablemente las demandas y sobre todo la presión
reivindicativa y movilizadora del movimiento asociativo, de las personas con
discapacidad y de las familias, lo que conduce a que en un momento de
generalizados recortes sociales, las Administraciones Publicas no se sientan
especialmente empujadas a promover nuevos avances o a evitar retrocesos.
Héctor Maravall Gómez-Allende
Director General del IMSERSO 1992-2000
Actualmente adjunto en la Secretaria Confederal de Politica Social de CCOO
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